El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno nacional buscaba frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordena al Poder Ejecutivo cumplir con lo que establece la normativa, sancionada por el Congreso.
El fallo lleva la firma del juez Martín Cormick y responde a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. La decisión judicial deja sin efecto el Decreto 759/2025.
Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el juez ordenó el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin".
El camino previo del decreto
El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la ley en varias instancias. Primero con un veto presidencial, que el Congreso rechazó al sostener la normativa con las mayorías necesarias.
Luego, el Ejecutivo emitió un decreto que condicionaba la ejecución del financiamiento a las universidades a que se determinaran "las fuentes específicas para su financiamiento" y se incluyeran "las partidas correspondientes en el presupuesto general".
Frente a esa medida, el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de los puntos centrales de la ley. Entre ellos, la asignación de partidas para el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Los argumentos del fallo
En su resolución, el juez Cormick sostuvo que el decreto del Gobierno "no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas".
"No supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas"
Con este fallo, la Justicia federal avala el reclamo de las universidades públicas y obliga al Poder Ejecutivo a avanzar con la reglamentación de la ley, que había quedado en suspenso tras el decreto cuestionado.
