El vocero presidencial Adrián Ravier defendió este martes la derogación de la Ley de Tierras Rurales durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El funcionario rechazó que la medida implique un riesgo para la soberanía del país y sostuvo que busca favorecer inversiones de largo plazo en el sector productivo.
La normativa, sancionada en 2011, establecía que la titularidad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% del total nacional, ni tampoco el mismo porcentaje a nivel provincial o municipal. Esa restricción fue eliminada a través del artículo 154 del DNU 70/2023.
Según Ravier, la Argentina cuenta con grandes extensiones de tierra con potencial productivo que requieren capital para desarrollarse. Mencionó como posibles destinos de esas inversiones “sistemas de riego, infraestructura, forestación, tecnología y nuevos desarrollos agropecuarios”.
El vocero buscó además despejar las dudas sobre los efectos de la medida en materia de soberanía y control de zonas fronterizas.
“Lejos de poner en venta nuestros recursos naturales o estratégicos, atentar contra nuestra soberanía o poner en riesgo nuestras fronteras, la medida busca potenciar la producción rural”, afirmó.
Ravier remarcó que la derogación de la ley “no elimina ni modifica el régimen de zonas de seguridad de fronteras” y que esas áreas siguen sometidas a sus controles específicos.
“Tampoco afecta la soberanía territorial. La tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción”, sostuvo.
El funcionario también cuestionó la constitucionalidad de la normativa derogada, al señalar que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los argentinos. “Son bienvenidos para trabajar la tierra y desarrollar industrias”, dijo.
El trasfondo judicial
Las declaraciones de Ravier se dieron después de que la Corte Suprema de Justicia revocara una sentencia previa que había dejado sin efecto la derogación de la ley. El máximo tribunal consideró que la organización que había iniciado la demanda no tenía legitimación para hacerlo. Aclaró, además, que su fallo resolvió una cuestión procesal y no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154 del DNU 70/2023.
En paralelo, la Corte dispuso este martes convocar a dos conjueces para intervenir en otra causa que también cuestiona la eliminación de los límites a la propiedad rural extranjera, por lo que la discusión judicial sigue abierta.
Críticas a la oposición
Ravier advirtió sobre los intentos de la oposición de avanzar contra el DNU 70/2023. Sostuvo que dejarlo sin efecto implicaría volver a un esquema con mayores regulaciones e intervención estatal sobre las decisiones de empresas y particulares.
“La discusión es muy simple: si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”, resumió el vocero.
