Un juez federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional la parte del decreto que había condicionado su puesta en marcha.
La resolución fue dictada por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado hizo lugar a los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de distintas universidades y docentes, y a una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El fallo cuestionó un tramo del Decreto 759/2025, con el que el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley 27.795 pero condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas presupuestarias correspondientes.
Según el juez, ese mecanismo no podía utilizarse para impedir la aplicación efectiva de una ley aprobada por el Congreso y luego ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.
Qué ordenó la sentencia
La resolución le exige al Poder Ejecutivo Nacional cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.
Cormick sostuvo que, una vez que el Congreso insistió con la norma alcanzando las mayorías de dos tercios previstas por la Constitución, el Ejecutivo debía promulgarla sin sumar restricciones que alteraran su aplicación.
El magistrado calificó la condición incorporada en el decreto como un “mecanismo extraconstitucional”, al entender que generó en los hechos una nueva instancia para frenar la ejecución de una ley cuyo veto ya había sido rechazado por el Poder Legislativo.
Qué establece la ley
La Ley 27.795 contempla, entre otros puntos, la recomposición del presupuesto destinado a las universidades nacionales, actualizaciones salariales para docentes y no docentes, y mejoras en las becas estudiantiles y en los recursos para investigación.
El conflicto judicial se había iniciado después de que el Gobierno condicionara la ejecución de la normativa, argumentando que primero debían determinarse las fuentes específicas para afrontar el gasto.
La sentencia de primera instancia avanza sobre el fondo de la discusión y obliga, en esta instancia, al Ejecutivo a implementar la ley. El fallo todavía puede ser apelado, por lo que la disputa judicial podría continuar ante instancias superiores.
