El Gobierno de La Rioja dispuso la expulsión de dos integrantes de la Policía de la Provincia acusados de realizar préstamos de dinero de manera habitual, sostenida y clandestina.
La decisión se conoció a través de un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate. La medida se fundamentó en una investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio de Seguridad junto con la institución policial, que determinó la gravedad de las conductas y la responsabilidad de los efectivos involucrados.
Los policías expulsados son un oficial principal de apellido Carrizo y un cabo de apellido Loyola.
Retención de tarjetas y pagarés en blanco
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, ambos efectivos retenían tarjetas de débito bancarias de numerosas personas y gestionaban sus claves de acceso a cajeros automáticos. Además, hacían firmar pagarés sin montos o con datos incompletos, como forma de garantizar el cobro de los préstamos y de los intereses que exigían.
Para el Gobierno provincial, esta actividad lucrativa resultaba incompatible con el estado policial. Consideraron además que, en los casos investigados, la situación estaba agravada por la modalidad utilizada y por la exigencia de intereses excesivos o de carácter usurario.
Las autoridades remarcaron la especial gravedad de este tipo de conductas por tratarse de funcionarios policiales, cuyo deber es proteger a la ciudadanía, incluso frente a quienes buscan aprovecharse de situaciones de necesidad económica.
