La Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar que suspende, de manera provisoria, los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con el que el Gobierno nacional había derogado la Ley de Tierras.
Con esta resolución, vuelven a regir temporalmente las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, mientras avanza el proceso judicial en la Justicia Federal de Bariloche.
El fallo fue adoptado por mayoría, con los votos de los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con dos conjueces. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia respecto de la medida cautelar.
La Casa Rosada recibió la decisión con alivio. Según publicó La Nación, fuentes del Gobierno señalaron que la resolución reduce la presión política sobre el oficialismo, en momentos en que distintos bloques opositores buscan concretar una sesión especial en la Cámara de Diputados contra el DNU 70/2023.
"Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene", indicaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno había manifestado preocupación por la posibilidad de que el peronismo, la izquierda y sectores aliados al oficialismo reunieran los votos necesarios para avanzar contra el decreto presidencial.
El impulso opositor se había fortalecido luego de una resolución previa de la Corte Suprema que, por cuestiones procesales, había dejado sin efecto una sentencia judicial que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
Con el nuevo fallo, en el Gobierno interpretan que uno de los principales argumentos que sostenían el acuerdo entre bloques opositores perdió fuerza, ya que las restricciones a la extranjerización de tierras volvieron a estar vigentes.
En Balcarce 50 consideran que este escenario podría dificultar la conformación de una mayoría opositora para rechazar el decreto en su totalidad.
Fuentes oficiales también reconocieron que el Gobierno ya había perdido respaldo político en la discusión sobre la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros, por lo que no evalúan impulsar nuevamente esa modificación en el Congreso.
La resolución de la Corte no define la constitucionalidad del DNU de manera definitiva, sino que establece una medida provisoria hasta que la Justicia Federal de Bariloche continúe con el análisis del expediente.
En el plano político, en el oficialismo creen además que el fallo podría generar diferencias entre los sectores opositores que habían encontrado en la defensa de la Ley de Tierras un punto de coincidencia para cuestionar al Gobierno.
Desde la Casa Rosada rechazaron, por otra parte, que hayan existido contactos previos con integrantes de la Corte Suprema por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, o del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El Gobierno apuesta a que la resolución judicial reduzca la presión parlamentaria y le permita evitar una nueva confrontación legislativa, aunque la oposición mantiene abierta la posibilidad de avanzar con el tratamiento del DNU en Diputados.
