La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió una nueva apelación del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario. El tribunal dispuso que se tramite el recurso contra la decisión del juez Martín Cormick de seguir con la ejecución de la medida cautelar.
La cautelar exige actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas y garantizar los fondos para las becas estudiantiles, según los parámetros previstos por la ley.
Qué se discutirá en la Cámara
Con esta resolución, el Estado podrá cuestionar ante la Cámara dos decisiones de primera instancia vinculadas con el cumplimiento de la orden judicial.
La primera es la intimación al Gobierno para que acate la cautelar bajo apercibimiento de multas diarias. Esas sanciones quedaron suspendidas provisoriamente el 15 de octubre. La segunda, habilitada ahora, cuestiona que siga adelante el trámite de ejecución de la medida.
El fallo no se pronunció sobre el cumplimiento de la cautelar ni sobre su vigencia. Los jueces aclararon que conceder la apelación no implica "adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar". La discusión deberá continuar en las instancias correspondientes.
El origen del planteo
La presentación se originó en una providencia del 9 de octubre. Mediante esa resolución, Cormick dispuso que la causa principal, en la que ya había dictado sentencia de primera instancia, se elevara a la Cámara. Al mismo tiempo, informó a las partes que la ejecución de la cautelar continuaría en un incidente separado.
El Gobierno apeló esa última decisión, pero el juez rechazó el recurso el 14 de octubre. Entonces, el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación presentaron una queja ante la Cámara para que revisara la denegatoria. La Sala III hizo lugar al planteo y concedió la apelación, que deberá tramitarse en primera instancia.
Los argumentos del Estado
En su presentación, el Estado sostuvo que ya había cumplido íntegramente con la cautelar. Además, señaló que la medida tenía un límite temporal que, según su interpretación, ya había vencido. Por eso cuestionó que se mantuviera abierta la ejecución y planteó que la intimación podía obligarlo a cumplir una orden que considera sin vigencia.
También advirtió sobre las consecuencias de la decisión de primera instancia. Según su planteo, seguía latente la posibilidad de aplicar sanciones conminatorias si no cumplía dentro del plazo fijado, aunque no existiera una liquidación concreta de las sumas reclamadas.
La Cámara consideró que la denegatoria de la apelación podía generar un perjuicio de difícil reparación para el Estado:
"gravamen irreparable"
Por ese motivo, habilitó la revisión del caso.
Antecedentes en la causa
El 15 de octubre, la misma Sala III había admitido una queja oficial y dispuso que la apelación contra las multas de $100.000 diarias impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, se tramitara con efecto suspensivo. Con esa decisión, las sanciones quedaron en pausa mientras avanza el recurso. Ese fallo tampoco resolvió si el Gobierno había cumplido con la cautelar.
La causa fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el decreto 759/2025. Esa norma condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso identificara las fuentes de los recursos.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la ley. El Gobierno apeló esa sentencia, que se tramita en el expediente principal.
