Un tribunal de Estados Unidos autorizó a un fondo de inversión a iniciar la búsqueda de activos argentinos en el exterior para intentar cobrar una sentencia de US$390.907.115,55. El monto se originó en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una resolución fechada el viernes 25 de septiembre. Desde este lunes 28, el fondo Titan Consortium podrá comenzar las gestiones para localizar bienes alcanzables por medidas de ejecución.
La autorización no significa que ya exista un embargo concreto ni que la firma haya cobrado el dinero. Lo que se habilita es el inicio del procedimiento para identificar activos y presentar pedidos de embargo ante los tribunales que correspondan.
La novedad fue difundida por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, que sigue los litigios que enfrenta la Argentina en el exterior. Según explicó, el expediente de Titan está registrado en tribunales de Columbia y Nueva York, aunque los eventuales pedidos de embargo no necesariamente deberán presentarse en esas jurisdicciones.
En los fundamentos de su resolución, la jueza Cobb consideró que había transcurrido un período prudencial desde que se estableció la obligación de pago. Señaló que durante los 21 meses transcurridos desde aquella orden, la Argentina aparentemente no había realizado esfuerzos para cumplir con la sentencia.
El origen del reclamo
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo control del grupo español Marsans. Los antiguos accionistas iniciaron entonces un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial que resuelve disputas entre Estados e inversores.
En 2017, ese tribunal emitió un laudo favorable a los demandantes. La Argentina intentó anular la decisión, pero el pedido fue rechazado en 2019. Los derechos derivados del reclamo pasaron luego al fondo Burford Capital y finalmente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 litiga en la Justicia estadounidense para cobrar el laudo.
En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia reconoció el laudo y condenó a la Argentina a pagar US$390.907.115,55, más los intereses posteriores a la sentencia.
La Argentina apeló y argumentó que el reclamo debía considerarse prescripto a los tres años, mientras que el tribunal de primera instancia había aplicado un plazo de 12 años. El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó que el plazo aplicable era de 12 años, rechazó el planteo argentino y mantuvo la posibilidad de ejecutar el laudo.
Con la sentencia firme y la autorización de la jueza Cobb, Titan Consortium podrá avanzar ahora en la identificación de bienes argentinos que eventualmente sean objeto de medidas de ejecución en Estados Unidos. El próximo paso será determinar qué activos pueden ser alcanzados y presentar las solicitudes de embargo ante los tribunales competentes.
